Medios nacionales informaron hoy que el octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para seis médicos y un representante legal de un presunto centro médico, imputados por su participación en un amplio esquema de venta de licencias médicas fraudulentas a funcionarios públicos.
La resolución judicial se adoptó tras cuatro extensas jornadas de audiencias de formalización, en el marco de una investigación que se origina a partir de los hallazgos de la Contraloría General de la República, dados a conocer en mayo de este año. Dicho informe reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica, además de otros casos en que beneficiarios de estos permisos asistieron a casinos dentro del territorio nacional.
Entre los imputados se encuentran siete personas de nacionalidad extranjera: Manuel Tejera Altamar, Einer Ramírez Flores y Edgar Camelo León, de nacionalidad colombiana; Roger Sebastián Llapo, peruano; Krissi Mora Duarte, venezolana; Mayra De la Fuente Aguilar, cubana; y Jorge Luis Galvis Machado, colombiano, este último en calidad de representante legal.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, los acusados habrían emitido un total de 35.978 licencias médicas falsas entre los años 2021 y 2024, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a los 20 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Por estos hechos, se les atribuyen los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de licencias médicas.
En el caso específico de Krissi Mora Duarte (foto), de nacionalidad venezolana, se dio a conocer que ejerció funciones médicas en Linares, desempeñándose en el Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Óscar Bonilla y en el Cesfam San Juan de Dios. Asimismo, trascendió que mantenía una amistad cercana con el ex administrador municipal de Linares, Francisco Parra.
La investigación continúa en desarrollo, mientras los imputados permanecerán privados de libertad, al estimar el tribunal que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias investigativas. El caso ha generado amplio impacto público, tanto por el elevado monto del presunto fraude como por la gravedad del daño al sistema de seguridad social.
Fuente de la Información: 24horas.cl
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